Con la toma de Damasco, llegó a su fin el régimen de Bashar al Asad, acusado, entre otras cosas, de torturas y de haber utilizado gases letales contra su propia población.
Según la Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR), desde el estallido de la guerra civil, más de 15.000 personas fueron torturadas hasta la muerte. La ONG responsabiliza en el 98 por ciento de estos casos a las fuerzas militares del régimen sirio.
El dos por ciento restante lo atribuye a milicias, entre las que se cuenta el grupo islamista Hayat Tahrir al-Scham (HTS), que algunos países occidentales catalogan de organización terrorista. También la gran mayoría de las 150.000 detenciones arbitrarias registradas por SNHR habrían sido efectuadas por el régimen.
Para poder abrir un nuevo capítulo en Siria, es necesario que estos hechos sean investigados, según Patrick Kroker, de la organización de derechos humanos European Center für Constitutional and Human Rights (ECCHR).
¿Se juzgará a Bashar al Asad?
El primer tribunal que se viene a la mente para tratar el caso del expresidente Al Asades la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. Allí se juzga la responsabilidad personal de individuos por cargos como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Ni Siria ni Rusia, donde Al Asad se refugió, son parte de la CPI. En consecuencia, esta corte no tendría tuición en la materia. Sin embargo, según el profesor de derecho internacional y penal Claus Kreß, debido al cambio de la situación, ya no es tan evidente que no pueda actuar.
La posibilidad de activar a la CPI mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU probablemente sería vetada por Rusia, dice Kreß a DW. Pero un nuevo Gobierno sirio podría declarar la adhesión de ese país a la Corte Penal Internacional. También podría someterse a su jurisdicción retroactivamente. Sin embargo, el experto descarta que Rusia entregue a Al Asad a ese tribunal.
Proceso judicial en Siria
Kroker, por su parte, duda también de que el nuevo Gobierno sirio se sume a la CPI. Se perfila, pues, un proceso en la propia Siria.
El líder del HTS, Abu Mohamed al Jolani (nombre de guerra de Ahmed al Sharea) ya anunció, según la agencia de noticias dpa, que se elaborará una lista de los exoficiales implicados en prácticas de tortura y que deberán rendir cuentas.
Según Kreß, habría que examinar si las estructuras judiciales que quedan en Siria son adecuadas para un proceso penal de esa naturaleza.
Kroker considera probable un modelo de tribunal con componentes sirios e internacionales. Porque no está claro si en Siria hay suficiente personal judicial adecuado, como jueces independientes. Pero también se necesitan otros expertos: “Lo más importante es que la cantidad enorme de pruebas se maneje con profesionalismo”, subrayó.
Por ejemplo, indicó que no se deben abrir fosas comunes sin los debidos recaudos y hay que evitar que se destruyan evidencias en lugares como la cárcel de Sednaya, así como documentos del servicio secreto.
Juicios en otros países
En otros países, como Alemania y Francia, ya se han llevado a cabo procesos por crímenes cometidos en Siria. En 2022, en Coblenza fue condenado a cadena perpetua un excoronel de los servicios secretos sirios, por crímenes de lesa humanidad. Y también un antiguo jefe de una prisión siria acaba de ser acusado en Estados Unidos de torturas.
Hasta el momento, esa era la mejor opción para abordar estos casos. Pero ahora la situación ha cambiado, indica Kroker. Y aboga por una iniciativa internacional para convencer al nuevo Gobierno sirio de que permita la entrada al país a expertos que puedan colaborar con la justicia.
(ers/ms)
